El Tribunal General confirma la ilicitud del pacto de no competencia entre Telefónica y Portugal Telecom

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• El Tribunal General ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por Telefónica (comentada ya aquí) y Portugal Telecom contra la Decisión de la Comisión de 23 de enero de 2013, anulando el importe de la multa impuesta en la medida en que se fijó sobre la base del valor de las ventas tomado en consideración por la Comisión Europea, y desestima el recurso en todo lo demás. Por lo tanto, la sentencia confirma que Telefónica y Portugal Telecom participaron en un acuerdo de no competencia en infracción del artículo 101 TFUE.  
• Dicha cláusula de no competencia se incluyó en el acuerdo de compra­venta de acciones de 28 de julio de 2010  celebrado entre Telefónica y Portugal Telecom, mediante el cual Telefónica adquirió el control exclusivo de la empresa brasileña de telefonía móvil Vivo, anteriormente propiedad conjunta de las partes. En virtud de dicha cláusula:

• «Noveno — No competencia — En la medida permitida por la ley, las partes se abstendrán de participar o invertir, directa o indirectamente a través de una filial, en cualquier proyecto del sector de las telecomunicaciones (incluidos los servicios fijos y móviles, el acceso a Internet y los servicios de televisión, con exclusión de cualquier inversión o actividad actualmente en curso o que se realice a partir de la fecha presente) que puedan considerarse en compe­tencia con la otra parte en el mercado ibérico por un período que se iniciará en la fecha de cierre (27 de sep­tiembre de 2010) hasta el 31 de diciembre de 2011». 

• Tanto PT como Telefónica alegan que la cláusula de no competencia no constituye una restricción de la competencia por el objeto, ya que la Comisión no demostró que fueran competidoras potenciales y que, por tanto, la cláusula pudiese restringir la competencia. Sin embargo, la propia existencia de la cláusula es considerada por el Tribunal un sólido indicio de la existencia de una competencia potencial entre PT y Telefónica. ¿Para qué incluir una cláusula de competencia si esa competencia no es posible en cualquier caso?  Su objeto consistía en un acuerdo de reparto de mercado, tenía un extenso ámbito de aplicación y se inscribía en un contexto económico liberalizado, por lo que la Comisión no estaba obligada a llevar a cabo un análisis detallado de la estructura de los mercados afectados y de la competencia potencial entre las partes en esos mercados para concluir que la cláusula constituía una restricción de la competencia por el objeto. 
• De acuerdo con la jurisprudencia, para apreciar si un acuerdo entre empresas  tiene un grado de nocividad suficiente para ser considerado una restricción de la competencia por el objeto en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, debe atenderse al contenido de sus disposiciones, a los objetivos que pretende alcanzar y al contexto económico y jurídico en el que se inscribe. Al apreciar dicho contexto, se debe considerar también la naturaleza de los bienes o de los servicios afectados, así como las condiciones reales del funcionamiento y de la estructura del mercado o mercados pertinentes. Además, si bien la intención de las partes no constituye un factor necesario para determinar el carácter restrictivo de un acuerdo entre empresas, nada impide que las autoridades de la competencia o los tribunales nacionales y de la Unión la tengan en cuenta.
• Telefónica alegó en la demanda que la cláusula de no competencia era una restricción accesoria, necesaria para el buen fin de la operación y, en consecuencia, no prohibida por el art. 101 TFUE. Sin embargo, en la vista precisó que no cuestionaba la conclusión a la que llegaba la Comisión en la Decisión impugnada, según la cual no podía considerarse que la cláusula fuese una restricción accesoria a la operación Vivo, por lo que el Tribunal establece que no procede examinar la argumentación de la demandante desde esa perspectiva. 
• Por otra parte, Telefónica señala que nunca tuvo intención de hacer cumplir la cláusula, que se incluyó únicamente para que el Gobierno portugués -interesado en garantizar la continuidad de PT como empresa líder independiente en el mercado portugués- se abstuviera de bloquear el acuerdo relativo a la operación sobre Vivo. Para tratar de limitar su impacto, la transformó en una cláusula de auto-evaluación de la legalidad del compromiso de no competencia mediante la introducción del inciso «en la medida permitida por la ley». El Tribunal General considera que Telefónica no ha aportado elementos de prueba suficientes sobre tales alegaciones, por lo que no entra a analizar si, en caso contrario, serían suficientes para justificar que, a la vista de su contenido y del contexto económico y jurídico en que se inscribía, la cláusula no equivalía a un acuerdo de reparto del mercado que tuviera por objeto restringir la competencia en infracción del artículo 101 TFUE. 
• Por su parte, Portugal Telecom alegó que la restricción establecida en la cláusula de no competencia no tenía ninguna relación con la operación sobre Vivo, sino que era accesoria respecto de la opción de compra de sus acciones propiedad de Telefónica (opción inicialmente prevista y más tarde eliminada del acuerdo) y de la dimisión de los miembros de su consejo de administración nombrados por la sociedad española, prevista en la versión final del acuerdo. En este sentido la cláusula de no competencia perseguía, respecto de la opción de compra y la salida de los miembros del Consejo de Administración de PT de Administración designados por Telefónica, un objetivo similar al de las incluidas en los acuerdos de transmisión de empresas: evitar que Telefónica utilizara la información obtenida a través de su presencia en el consejo de PT para competir con la propia PT. 
• Respecto de las cláusulas de no competencia en los acuerdos de transmisión de empresas, el Tribunal de Justicia estableció ya en el asunto Remia que: 

• “Para apreciar si las referidas cláusulas incurren en la prohibición enunciada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado o no, procede examinar cómo se desenvolvería el juego de la competencia a falta de ellas. 

• En tal supuesto, y siempre que vendedor y comprador continuasen en situación de competencia con posterioridad a la transmisión, parece que no podría realizarse el acuerdo de transmisión de empresa. En efecto, el vendedor, que conoce especialmente bien las particularidades de la empresa transmitida, conservaría la posibilidad de atraer de nuevo en su provecho a su antigua clientela inmediatamente después de la transmisión, ocasionando así la inviabilidad de esta empresa. En estas circunstancias, las cláusulas de no competencia introducidas en los contratos de transmisión de empresa, en principio, tienen el mérito de garantizar la posibilidad y eficacia de dicha transmisión. Por ello mismo, contribuyen a reforzar la competencia, mediante el crecimiento del número de empresas presentes en el mercado de que se trata. 

• Para obtener este efecto benéfico sobre la competencia, se requiere asimismo que dichas cláusulas sean necesarias para la transmisión de la empresa cedida y que su duración y ámbito de aplicación se limiten de manera estricta a este objetivo (…)”. 

• Con posterioridad, el Tribunal ha establecido que el concepto de restricción accesoria cubre toda restricción directamente vinculada a la realización de una operación principal; es decir, toda restricción subordinada en importancia a la realización de dicha operación y que implique un vínculo evidente con ésta última. La condición relativa al carácter necesario de una restricción implica el examen de dos extremos. Por una parte, se debe analizar (a) si, en el contexto particular de la operación principal, la restricción es necesaria para la realización de dicha operación, y (b) si su duración y su ámbito de aplicación material y geográfico no exceden de lo que sea necesario para la realización de dicha operación.  
• A la vista de estos requisitos, parece obvio que las alegaciones sobre el carácter accesorio de la cláusula de no competencia -que ni siquiera Telefónica compartía- no podían prosperar:

• “110    No que diz respeito, por um lado, à opção de compra, há que salientar que a mesma já não constava da versão final do acordo, de modo que não pode justificar a cláusula, o que constitui, aliás, a razão pela qual a Comissão não analisou se a cláusula poderia constituir uma restrição acessória da opção de compra (v. considerando 390 da decisão impugnada). Por outro lado, e em todo o caso, não se pode deixar de constatar que a recorrente se limita, em primeiro lugar, a afirmar que «[a] obrigação de não concorrência era do interesse da PT e típica de uma aquisição de ativos com as características da resultante da execução da opção de compra, designadamente de uma aquisição geradora de um reforço do controlo, envolvendo um investimento significativo e o risco de o alienante poder explorar o negócio alienado, de que tinha um bom conhecimento», em segundo lugar, a sublinhar a importância da participação que devia ser objeto da opção de compra (10%) e, em terceiro lugar, a alegar que a «PT estava habituada a associar esse tipo de cláusulas a acordos de compra e de venda de ações, desde que limitadas no tempo e não prejudiciais para as atividades em curso», e que a «PT tinha nela interesse para se proteger no curto período seguinte ao exercício da opção de compra».

• 111    Todavia, a recorrente não explica porquê e de que modo, no caso em apreço, concretamente, a venda, pela Telefónica, das ações que detinha na PT poderia ter criado o risco de o alienante continuar a explorar o negócio em causa, de que tinha um bom conhecimento, nem de que é que, em concreto, se devia proteger em razão do exercício da opção de compra.

• 112    Por outro lado, insistindo embora no facto de que a opção de compra e a cláusula de não concorrência surgiram ao mesmo tempo no âmbito da segunda oferta, o que sugeria a existência de um nexo entre as duas, a recorrente não demonstra que a introdução das duas estava relacionada. Assim, a recorrente limita‑se a afirmar que o facto de a cláusula estar ligada à opção de compra resulta da troca de correspondência entre a Telefónica e a PT, ocorrida entre as 2h35 e as 17 horas de 1 de junho de 2010, que culminou no aumento do preço da segunda oferta. A referida correspondência, apresentada pela Comissão em resposta a uma questão do Tribunal Geral, consiste numa troca de mensagens de correio eletrónico entre a Telefónica e a PT, que contêm as sucessivas revisões do texto do acordo com as alterações visíveis. Embora estas versões do acordo contenham, é certo, a opção de compra e a cláusula de não concorrência, não permitem, todavia, deduzir uma relação de dependência entre a cláusula e a opção de compra.

• 113    Nestas condições, há que constatar que não se pode sustentar que a cláusula podia ter sido qualificada de restrição acessória à opção de compra.

• 114    No que respeita, por outro lado, à demissão dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica, a recorrente insiste no facto de que estes tiveram acesso a informações sensíveis, sem no entanto demonstrar que existia um risco real de a Telefónica explorar, em detrimento da PT, as informações obtidas pelos membros do conselho de administração da PT nomeados por si, após a demissão desses membros.

• 115    Além disso, não se pode deixar de observar que a recorrente não apresenta elementos suscetíveis de refutar as conclusões da Comissão que figuram nos considerandos 391 a 401 da decisão impugnada, segundo as quais a cláusula não pode ser justificada enquanto restrição acessória à demissão dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica.

• 116    Assim, a Comissão afirmou, nomeadamente, que o direito das sociedades português, em especial os artigos 64.°, 254.° e 398.° do Código das Sociedades Comerciais português, impõe uma obrigação jurídica aos membros do conselho de administração de não fazerem uso das informações que lhes foram disponibilizadas para outros fins que não o de assegurar o bom funcionamento da sua empresa (considerando 395 da decisão impugnada). Ora, a recorrente não explica por que razão, em face de tal obrigação legal, a cláusula era necessária para proteger as informações postas à disposição dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica após a demissão destes do referido conselho de administração.

• 117    De igual modo, a Comissão observou, no que se refere à alegada necessidade de proteção das informações confidenciais a que tiveram acesso os membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica, que estas informações foram disponibilizadas a esses membros antes da transação da Vivo, que não tinha sido considerado necessário um compromisso de não concorrência nessa altura e que as partes não tinham demonstrado por que motivo a saída da Telefónica do conselho de administração da PT tinha provocado a necessidade de adotar um compromisso de não concorrência (considerandos 393 e 394 da decisão impugnada).

• 118    Decorre das considerações precedentes que a recorrente não demonstrou que a cláusula constituía uma restrição acessória à demissão dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica.

• 119    Por outro lado, há que salientar que a recorrente também não contradiz as considerações da Comissão que constam dos considerandos 402 a 404 da decisão impugnada, segundo as quais, caso se concluísse que um compromisso de não concorrência era necessário à concretização da apresentação da demissão dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica, a fim de proteger as informações confidenciais disponibilizadas ao referido órgão, tal compromisso deveria limitar‑se ao estritamente necessário, o que não é o caso da cláusula, que tem um caráter bilateral e, por conseguinte, não proíbe apenas a Telefónica de concorrer com a PT, mas também a PT de concorrer com a Telefónica.

• 120    Por último, em todo o caso, importa observar, como acertadamente sublinha a Comissão nos considerandos 386 e 387 da decisão impugnada, que a questão de saber se uma restrição pode ser qualificada de acessória deve ser examinada por referência à obrigação principal. Ora, no caso em apreço, a operação principal relativamente à qual importa apreciar a cláusula de não concorrência não é nem a opção de compra nem a demissão dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica, mas a transação da Vivo. Todavia, a recorrente não apresenta elementos destinados a demonstrar que a cláusula tinha sido necessária para permitir a execução da referida transação.

• 121    Resulta das considerações precedentes que a recorrente não demonstrou que a cláusula deveria ter sido qualificada de restrição acessória à opção de compra por figurar no acordo, o que deveria ter sido tido em conta quando da apreciação das circunstâncias do acordo. Do mesmo modo, a recorrente não demonstrou que a cláusula era uma restrição acessória à demissão dos membros do conselho de administração da PT nomeados pela Telefónica, prevista na versão final do acordo, pelo que deveria ser subtraída, a esse título, à proibição prevista no artigo 101.° TFUE.”

Dada la debilidad de los argumentos de las partes -incluso contradictorios entre si- y, sobre todo, la evidente ilicitud de la cláusula, no cabe sino pensar que Telefonica era plenamente consciente de la infracción. De hecho, a raíz de la incoación del procedimiento por la Comisión, fue eliminada del acuerdo. Como señala el propio Tribunal, "una empresa diligente como la demandante, que además cuenta con abundantes asesores jurídicos de calidad, no puede invocar un margen de duda irrazonable por lo que atañe a la legalidad de la cláusula". 

Pero si había aceptado que el precio de la operación subiera de los los 5.700 millones de la oferta inicial a los 7.500 millones de euros en los que se cerró finalmente, ¿qué representan 12 millones más  -si es que  no son finalmente menos, una vez hecho el recálculo- para asegurar ese cierre? 

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